SNAI aclara que el grillete electrónico no puede ser retirado, tras el caso de Aquiles Álvarez

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) emitió un comunicado oficial para aclarar el uso correcto de los dispositivos de vigilancia electrónica, luego de la información difundida en medios y redes sociales sobre el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Durante su detención por el Caso Goleada, la Fiscalía General del Estado informó que Álvarez no portaba el grillete electrónico que debía usar como medida cautelar dentro del Caso Triple A.

Respuesta del abogado de Aquiles Álvarez sobre el grillete del Alcalde de Guayaquil

Posteriormente, su abogado, Ramiro García, explicó que el dispositivo había sido retirado momentáneamente para cargarlo, asegurando que no existió incumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad judicial.

Quiénes son los 11 detenidos del Caso Goleada, incluido Aquiles Álvarez

¿Puede un ciudadano retirarse el grillete electrónico para cargarlo?
No. Según el SNAI, los dispositivos no pueden ser retirados ni manipulados por los usuarios, una vez instalados por orden judicial.

Ante este contexto, el SNAI señaló que los dispositivos de vigilancia electrónica, una vez instalados por orden de la autoridad competente, no pueden ser retirados, manipulados ni desinstalados por los usuarios, bajo ninguna circunstancia.

La entidad precisó que las personas sujetas a esta medida suscriben un acta de responsabilidad, en la que se detallan las obligaciones asociadas a la portación permanente del grillete, el uso adecuado del dispositivo y los riesgos derivados de su manipulación indebida o retiro no autorizado.

Asimismo, el SNAI aclaró que, conforme a los protocolos establecidos, los grilletes electrónicos solo pueden ser retirados por personal técnico de la institución, siempre que exista una disposición expresa de la autoridad competente.

El organismo recalcó que estas precisiones se emiten con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas y garantizar el correcto cumplimiento de las medidas de vigilancia electrónica dispuestas dentro de procesos judiciales en el país.